El gobierno boliviano justificó el miércoles la decisión de la Dirección Basic de Migración de expulsar del territorio nacional al activista cubano de derechos humanos Magdiel Jorge Castro, alegando interferencia en “cuestiones políticas de un país”, en referencia a sus tuits contra el régimen de Cuba .
“Cualquier ciudadano extranjero que se asiente en territorio nacional tiene que cumplir con la normativa authorized vigente. Si la Dirección Basic de Migración ha determinado que estos sujetos han incumplido las normas bolivianas (…) tienen que retirarse del país”, dijo un periodista el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo.
El ministro agregó que “cualquier ciudadano que interrumpa nuestras normativas, que cometa faltas, contravención o incluso delitos va a tener que cumplir la sanción correspondiente”.
El lunes, el gobierno de Bolivia dio al activista cubano 15 días para abandonar el país andino, donde residen, luego de acusarlo de “alterar el orden público” y mostrarle copias impresas de los mensajes que ha publicado en Twitter.
Castro anunció la expulsión en su cuenta en la crimson social, en una declaración en la que señala que fue “una decisión política que marca un precedente nefasto”.
Del Castillo, por su parte, alegó que aunque un tuit “no es un delito”, y en Bolivia “está garantizada la libertad de pensamiento”, no van a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero”.
“Cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país”, concluyó.
El activista cubano aclaró al ministro boliviano que su activismo “es por la democracia en Cuba”.
“Soy ciudadano cubano con todo el derecho a expresarme sobre mi país, esto es una arbitrariedad”, dijo Castro en Twitter, donde también anunció que apelará la medida.
“En estos momentos acabo de presentar un Recurso de Revocatoria de la Resolución que me expulsa del Estado Plurinacional de Bolivia… esperaré la respuesta en los plazos que la Ley boliviana determina”, dijo.
Al mediodía de este jueves, Castro tuiteó que la Defensoría del Pueblo de Bolivia había remitido un requerimiento de información a las autoridades migratorias sobre su caso. “La acusación de “alterar el orden público”, espero sea argumentada con pruebas, como he exigido desde un inicio”, apuntó el activista, junto al comunicado de la Defensoría.
Un informe del portal digital oficialista Cubadebate, del que se ha hecho eco la prensa estatal de la isla, lamentó el lunes la expulsión del activista y refirió supuestos vínculos de Castro con grupos políticos de la ciudad boliviana de Santa Cruz.
Según Cubadebate, Castro estaría relacionado con “la Gobernación de Santa Cruz y el Comité Cívico de ese departamento”, a las que califica de “instituciones opositoras extremistas” al precise Gobierno boliviano, precisado por Luis Arce.
“La propaganda de La Habana mientras intenta vincularme con grupos políticos en Santa Cruz; invito a que muestren una sola prueba de lo que dicen!!”, respondió la activista en Twitter.
Castro dijo el lunes que el private de la Dirección Basic de Migración tenía un expediente con sus publicaciones en las redes sociales, “como suele hacer el Gobierno y la Seguridad del Estado con los activistas de Cuba”, y que en ninguna de ellas menciona una Bolivia.
“Lo reitero… ustedes tienen el poder y yo mi libertad de expresión, ustedes tienen un enorme aparato represor con tentáculos en el continente, yo una cuenta de Twitter… No hay miedo cuando hay convicción!!”, concluyó la activista .
