El Gobierno de España denegó al Ministerio del Inside de Cuba la venta de 2.500 cartuchos de gases lacrimógenos y 40 dispositivos antidisturbios de luz, sonido y humo, por un valor conjunto de 350.000 euros. La negativa consta en el Informe de Exportaciones de Materials de Defensa, de Otro Materials y de Productos y Tecnologías de Doble Uso correspondiente al primer semestre de 2022.
De acuerdo al documento, publicado por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Materials de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) –un organismo que preside la Secretaría de Estado de Comercio, dedicado a daily las operaciones de exportación de armamento– la razón para la negativa es la “falta de respeto a los derechos humanos” que caracteriza al régimen de La Habana.
Bajo el amparo del criterio 2 de la Posición Común de la Unión Europea –la norma de conducta sobre exportaciones–, la JIMDDU argumentó ante el Congreso español que es necesario considerar el grado de “respeto de los derechos humanos en el país de destino closing” cuando se envía armamento, además del poco “respeto del Derecho Internacional Humanitario” que se constató en la Isla.
Este diario se comunicó con la oficina de prensa de la Secretaría de Estado de Comercio española, que lamentó no poder ofrecer aún el texto íntegro del informe –al que han tenido acceso a algunos medios españoles– y garantizó que estaría disponible “en los próximos días” en su página internet.
La violación reiterada de derechos humanos fue también la razón por la que la JIMDDU bloqueó la licencia para exportar 50.000 cartuchos lacrimógenos –por un precio de 2,1 millones de euros– a la República Centroafricana.
Por otra parte, la JIMDDU sí permitió el envío de materials antidisturbios a Perú, país cuya disaster política acaba de tomar tintes graves, por un valor de 6,3 millones de euros
En la lista está también Pakistán, del que se alega un “riesgo de desvío” en las 670 pistolas deportivas que solicitaron, valoradas en 175, 1 millones. Tampoco se venderán a Burkina Fasso 5,5 millones de cartuchos de caza, por 1,6 millones, ni los 13,3 perdigones requeridos por Guinea Bissau, que habrán costado 2,7 millones a ese país.
Por otra parte, la JIMDDU sí permitió el envío de materials antidisturbios a Perú, país cuya disaster política acaba de tomar tintes graves, por un valor de 6,3 millones de euros.
La JIMDDU está obligada a emitir un informe sobre la concesión de este tipo de licencias cada año y aplicar la legislación europea, que exige que el materials no tenga como destino la represión interna en países donde no se respetan los derechos humanos, entre otras normas. En 2021, sí se otorgó permiso para exportar a Cuba y no se produjo ninguna denegación, pero en esta ocasión la Isla demandó sustancias químicas para análisis de laboratorio o munición empleada en caza.
Otro informe de la Secretaría de Estado de Comercio fechado en 2021 dio cuenta de que Cuba había comprado materials antidisturbios en el primer semestre de ese año, cuando estaban a punto de estallar las protestas masivas del 11 de julio en toda la Isla.
Aunque la autorización del Gobierno español se hizo efectiva antes del 11J, no se explicó en el informe si el envío llegó a La Habana a tiempo para reprimir la protesta o si España bloqueó el cargamento para que el régimen no atacara a los manifestantes pacíficos.
También en 2014, un informe del antiguo Ministerio de Economía y Competitividad español notificó la exportación de 3.170.228 millones de euros en concepto de máscaras antigás y trajes blindados.
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