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Un juzgado de Palma de Mallorca ha desestimado la demanda de Meliá Hoteles por su litigio con la familia cubana Sánchez Hill, antiguos propietarios de unos terrenos expropiados en Cuba, donde la empresa española explota dos hoteles de propiedad estatal, y continúa el litigio en España.
Los herederos de Rafael Lucas Sánchez Hill, propietario del ingenio azucarero Santa Lucía, expropiado por el gobierno cubano, demandaron a Meliá ante la justicia civil española para obtener una indemnización por el uso de un inmueble que consideran les fue arrebatado ilegítimamente.
En estos terrenos, en la provincia de Holguín, se construyen los complejos hoteleros Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares. Estas instalaciones son propiedad de la empresa estatal Gaviota y están gestionadas por Meliá Accommodations Worldwide.
Meliá pidió al juez que remitiera una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, argumentando que la demanda debía enmarcarse en el derecho comunitario, extremo que ahora ha sido rechazado por el tribunal, que inicialmente archivó el caso.
El juez accedió al pedido de Meliá y la fiscalía, que alegaba falta de jurisdicción y competencia judicial internacional, pero tuvo que retomarlo a instancias de la Audiencia Provincial de Palma.
En abril de este año, el órgano provincial admitió el recurso de casación contra el expediente y reconoció el derecho de los Sánchez Hills a obtener una sentencia en España, aunque fuera desestimatoria.
España: Tribunal ordena que haya sentencia en demanda contra Melià por hoteles en Cuba
Los Sánchez Hills, que piden a la cadena hotelera una indemnización de 10 millones de dólares (unos 8,9 millones de euros), no han optado por la Ley Helms Burtonque permite a los estadounidenses -incluidos los cubanos nacionalizados- demandar en sus tribunales a las empresas que se beneficien de terrenos o inmuebles expropiados en la isla tras la Revolución de 1959.
En octubre de 2019, Meliá recibió una comunicación del Departamento de Estado de EE.UU., a la que respondió con un documento de 55 páginas, aunque se desconoce si se trataba de una solicitud de información sobre sus operaciones en Cuba, según el US-Cuba Commerce and Consejo Económico (Cubatrade).
El gobierno estadounidense retiró en 2020 las visas de los ejecutivos de la cadena.
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